La preocupación del Ejecutivo por ejercer una distribución más equitativa del dinero público, priorizando a quienes constituyen el eslabón más débil de la cadena social, no puede menos que congratularnos y provocar la esperanza, de que en la lucha contra la pobreza, surgirán medidas más progresivas para resolver la desigualdad social. Esta asignación no la resuelve, pero significa una muy importante ayuda para los postergados de nuestra patria, y satisface a quienes hemos tomado a la acción política como un método para luchar por una vida más digna para todos, sin exclusión posible.
Disponer que para hacerse acreedor a este derecho debe tener la contraprestación de la atención de la salud y la concurrencia a la escuela pública, no sólo es innovador, sino que ejerce – por parte del Estado – una tutela sobre dos aspectos esenciales para la protección de nuestros niños.
La decisión de la Presidenta instala en la sociedad el criterio de considerar a la niñez como sujeto de derecho. Una sociedad que presenta a la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza, tiene comprometido su futuro, por ello esta decisión señala el camino para avanzar hacia un proyecto nacional, progresista, y que genere una sociedad más inclusiva donde los niños tengan garantizado el derecho a una vida digna.
ENRIQUE EMILIO MARÍN
DIPUTADO PROVINCIAL
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